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jueves, 5 de junio de 2014

YASUNI - ITT: LICENCIA AMBIENTAL Y LICENCIA SOCIAL


Fotografía Leonardo Parrini
Por Leonardo Parrini

Una noticia consignada por la cadena de televisión Ecuavisa da cuenta de que en los territorios Waoranis del Yasuni, en la provincia de Orellana, donde se encuentra localizado el proyecto hidrocarburífero Bloque 43 ITT (Ishpingo, Tambococha Tiputini), tuvo lugar un proceso de consulta previa, libre e informada a las comunidades del área de intervención petrolera por parte de la Secretaría de Hidrocarburos Ecuador, SHE, entidad adscrita al Ministerio de Recursos Naturales No Renovables. Dicho mecanismo de diálogo entre el Estado y la comunidades amazónicas que se realizó el año pasado se convirtió, según la información, en un espacio de reivindicación social comunitario en el que las comunidades del Yasuni tuvieron la oportunidad de expresar sus observaciones, objeciones y requerimientos a las autoridades del Estado frente a una eventual intervención hidrocarburifera en la zona. La nota de televisión muestra asambleas comunitarias concurridas de ciudadanos de toda condición expresando sus criterios y recibiendo información de parte de los representantes de la SHE. Ricardo Obando, representante de la SHE manifestó en la Asamblea comunitaria de Tiputini: “Que vivamos en una sociedad mucho más digna con un entorno y un habitat adecuado, con nuestra necesidades satisfechas. Comencemos a pensar en grande ustedes van a ser beneficiados de la explotación de uno de los bloques más importante del mapa catastral petrolero. La comunidad expresó sus criterios en los siguientes términos: “Es la primera vez en la historia que se ve participación de la comunidad, con el Estado presente en Aguarico”, dijo José Miguel en la Audiencia Pública realizada en la localidad de Tiputini. La Audiencia Pública representa un nuevo espacio de diálogo intercultural entre el Estado ecuatoriano y los pueblos amazónicos, para hablar de las necesidades sociales de la comunidad en relación con la política pública hidrocarburifera que impulsa la Secretaría de Hidrocarburos, promotora del proceso.

Esta noticia es complementaria de aquella que daba cuenta, días pasados, del otorgamiento de la licencia ambiental concedida por el Ministerio del Ambiente MAE a la empresa petrolera estatal ecuatoriana Petroamazonas. La ministra del Ambiente, Lorena Tapia, firmó la licencia ambiental correspondiente al Estudio de Impacto Ambiental y al Plan de Manejo Ambiental del Proyecto de Desarrollo y Producción en los campos Tiputini y Tambococha. El campo Tiputini se encuentra fuera de los límites del Parque Nacional Yasuní, en tanto que Tambococha está dentro de esta reserva de la biosfera. Según la información oficial, una vez suscrito el documento, Petroamazonas EP "podrá iniciar las actividades preparatorias como la instalación de campamentos y la apertura de accesos".  

El otorgamiento de la licencia ambiental a favor de la estatal Petroamazonas para la explotación de los campos Tambococha y Tiputini, en el bloque 43 o bloque ITT, supone 15 obligaciones para la empresa petrolera. Entre otras, “en caso de existir remoción de la capa vegetal por cualquier actividad, como disposición de tuberías, campamentos, etc., Petroamazonas deberá obtener y presentar la aprobación del inventario de recursos forestales con su respectivo método de valoración económica de los bosques y vegetación nativa”. De igual manera, el MAE expresa que “antes y durante la actividad petrolera en la zona se hará un levantamiento de bienes y servicios ambientales con el fin de construir el diagnóstico ambiental o línea base, que estará controlado mediante auditorías y monitoreos periódicos”. Petroamazonas será absolutamente responsable “de las actividades que cumplan sus contratistas o subcontratistas”. Además, la empresa “estará sujeta a auditorías ambientales de parte del Ministerio del Ambiente y deberá mitigar cualquier derrame en la zona”. Se estima que bajo el subsuelo del Bloque 43 en los campos Ishpingo, Tambococha y Tiputini (ITT) existen reservas por 919 millones de barriles de petróleo pesado.

La información consigna que los tres campos (Ishpingo-Tambococha-Tiputini) formaron parte de la extinta iniciativa Yasuní ITT que “buscaba mantener el petróleo bajo tierra”. Ecuador lanzó el proyecto hace seis años en la sede de Naciones Unidas, cuando pidió la "corresponsabilidad" económica de la comunidad internacional para no explotar el crudo del ITT, lo que también suponía evitar la emisión a la atmósfera de 407 millones de toneladas de dióxido de carbono, que se generaría con la combustión del hidrocarburo. El Gobierno de Ecuador anunció públicamente el año pasado la decisión de explotar el petróleo del ITT una vez que fracasó la iniciativa por falta de apoyo internacional.

Sectores opositores al proceso de explotación hidrocarburifera en la zona del Yasuni expresaron  que el “"Ministerio de Ambiente firma licencia para explotar Yasuní ITT. Sin consulta, sin democracia", según escribió Yasunidos en su cuenta de Twitter, en la que adelantó una campaña llamada "democracia en extinción". Al respecto, en su cuenta en la misma red social, la ministra de Ambiente invitó "a la ciudadanía a ejercer una veeduría activa" para la cual, dijo, se ha activado una página de "veeduría ciudadana". Por su parte el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, “ha asegurado que la extracción de petróleo en la zona del Yasuní se efectuará con la mejor tecnología disponible para minimizar el impacto ambiental”.

Una licencia comunitaria

Dichas informaciones sugieren de que estamos en presencia de algunos hechos significativos, concatenados en un acontecimiento inédito y esencial para los destinos del Ecuador y los habitantes de la región amazónica. El Ecuador asume por primera vez la explotación responsable de su riqueza natural, bajo cuatro ejes de la política estatal: soberanía del Estado sobre los recursos naturales no renovables; estímulo a la inversión estatal y privada para exploración y explotación petrolera; concesión de beneficios sociales comunitarios, amparados en la ley; y la sostenibilidad y sustentabilidad ambiental de los proyectos hidrocarburíferos implementados en la Amazonía ecuatoriana. Esta es una nueva era petrolera, caracterizada por un distinto rol del Estado en la administración de sus recursos naturales no renovables existentes en la zona de mayor biodiversidad planetaria. Esta realidad diversa se distingue por el otorgamiento de una anuencia política y social que viene a enriquecer y complementar la licencia ambiental y que confiere un nuevo sentido al aprovechamiento de los recursos naturales. Ambas licencias son suplementarias: Una licencia ambiental otorgada por la máxima autoridad de control socioambiental del país, el MAE; y, por una licencia social concedida en genuino diálogo por la comunidad del Yasuni al Estado interventor.

Dicha licencia social consiste en que la ciudadanía de las comunidades amazónicas de las áreas de intervención es informada, escuchada y respetada en sus privilegios colectivos y ambientales por derecho propio. Esto quiere decir que ese derecho propio es la natural prerrogativa que tienen las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas y mestizas por el simple hecho histórico de pertenecer a la Pachamama de un territorio rico en recursos naturales. Estos recursos, si bien otorgan derecho a beneficios y compensaciones, no concede propiedad explicita sobre dichos recursos en su conjunto, siendo el Estado el soberano administrador de los yacimientos hidrocarburíferos que se encuentran en el subsuelo. Mientras que el espacio superficial del territorio es el escenario en el cual tiene lugar la reivindicación de derechos comunitarios, con prioridad para los pueblos amazónicos, como ha manifestado el Presidente ecuatoriano Rafael Correa, por ser ésta la región que subvenciona y financia con sus recursos naturales el futuro y progreso del país. Este panorama dista mucho de ser el nuestros vecinos, Perú y Colombia, donde los procesos de consulta no existen -o no se realizan de manera previa, libre o informada- antes ni durante las intervenciones estatales o privadas en procesos de exploración de recursos petroleros o mineros. La puesta en práctica de la Consulta Previa, Libre e Informa llevada adelante por el Estado ecuatoriano para intervenciones de extracción hidrocarburifera y minera, convierte al país en el pionero mundial en procesos de esta naturaleza. Esta consulta influyente, más no vinculante, es un soporte vital que viene a convertirse en herramienta básica de la política pública y social de los sectores estrategicos en la implementación de la explotación industrial hidrocarburifera. Cabe señalar que la Consulta Previa, Libre e Informada se ha realizado en tres procesos anteriores, a saber: XI Ronda suroriente Ecuador (provincias amazónicas de Pastaza, Morona Santiago y parte de Orellana y Napo), en las que se licitaron 17 bloques y adjudicaron 4; Ampliación del bloque 10 en Jimbikiti, Pastaza; y en intervención en el IIT bloque 43 Yasuní, provincia de Orellana.

La consulta previa es vital por algunas razones. En primer lugar consagra un derecho del ciudadano a ser informado, previa y oportunamente, sobre qué sucede en sus territorios en caso de explotación petrolera o minera. En segundo lugar se genera un espacio democrático y participativo en que la comunidad tiene la oportunidad de manifestar sus necesidades básicas en materia de salud, trabajo, educación vivienda, transporte y comunicaciones, entre otros, siendo entonces la consulta un mecanismo de reivindicación social. Y algo fundamental para una buena gobernanza: la Consulta Previa, Libre e Informada se ha mostrado eficaz como un mecanismo reductor de conflictividad social. Es decir, si tenemos a una comunidad informada, escuchada e influyente en las políticas estatales, que ahora tiene como interlocutor dialogante a un Estado incluyente y democrático que reivindica sus derechos colectivos, significa que se reduce a cero el conflicto social o político con dicha comunidad. Allí se genera, entonces, una licencia social fruto del diálogo y la observancia estricta de derechos ciudadanos.

De allí emanan responsabilidades compartidas entre Estado y dirigentes comunitarios de verificar que este diálogo genuino y de buena fe, haga posible en la práctica la convivencia plurinacional e intercultural que consagra la Constitución en el actual Estado nacional único e indivisible. Es a partir de estas buenas noticias que podemos decir que la patria avanza hacia nuevos rumbos en la relación Estado-sociedad civil, a través de un proceso justo y necesario, que profundiza la democracia como la única, aunque siempre perfectible forma de convivir en la sociedad armónica e incluyente que todos reclamamos.

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